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Camilo Ernesto Castillo Sánchez, Ethel Nataly Castellanos Morales
Colombia es el único país de América Latina en el que la constitución y la ley permiten a las instituciones educativas estatales realizar cobros académicos en todos los grados escolares. La consecuencia de esto es que el Gobierno Nacional no se ha interesado por elaborar una política de gratuidad de la educación. Sin embargo, la Constitución tiene disposiciones que permiten integrar los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia al ordenamiento jurídico interno; allí, es donde está consagrada la gratuidad de la educación. Ésta es un imperativo jurídico que el Estado no puede desconocer. La Corte Constitucional ha protegido el acceso y la permanencia al sistema educativo con base en el Derecho Internacional pues cuando existe una disposición de derechos humanos que consagra un derecho, los argumentos de costo beneficio quedan excluidos, en especial si es un derecho universalmente reconocido. Nuestra tesis es que no hay ninguna razón para que el Estado restrinja el disfrute del derecho a la educación a través de cobros, especialmente porque la gratuidad de la educación primaria les permite a las personas acceder y permanecer en el sistema educativo y es un instrumento privilegiado para remover las barreras económicas que afectan el disfrute del derecho. La estructura del artículo es la siguiente:
los dos primeros apartados se referirán a las obligaciones internacionales del Estado colombiano, el tercero hará énfasis en la jurisprudencia constitucional sobre la gratuidad de la educación y, finalmente, habrá una breve conclusión que planteará futuras líneas de trabajo.
Colombia is the only country in Latin America which State does not permit that primary education being free. As a consequence the government has not being interested in outlining a policy about free primary education. However, the Colombian constitution has rules that allow use treaties about human rights to interpret their own national rules. Through this technique of constitutional interpretation is possible to defend free primary education as an obligation. Colombia can´t ignore it. In fact, the Corte Constitucional has protected the access and the permanency in educational system based on International Law. In this kind of arguments, reasons about economical costs are irrelevant since right to education has had universal recognition. Our thesis is that there is no reason for Colombia to restrict right to education through the imposition of costs. This idea finds support in the fact that free primary education allows access and permanency in educational system. In addition free primary education is the best way to overcome economical obstacles which affect the right of education. First of all, this article will describe the obligations of Colombia regarding International Law, after that, we will analyze the decisions of the Corte Constitucional.
Finally we will pose a conclusion that outlines some topics for future research.
