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Pedro Farré López
Es sorprendente que siendo España un país tan rico desde el punto de vista creativo, y siendo el español un bien económico que nos permite llegar a tanta gente, nuestro gobierno no haya reparado aún en la necesidad imperiosa de proteger la propiedad intelectual en la red.
Primero fue la música, después el cine y más tarde los medios de comunicación (artículos de periódico, programas y series de televisión). Muy pronto veremos cómo el libro electrónico no va a quedar al margen de la llamada piratería digital, un fraude que se alimenta de la desprotección de los derechos de autor y de propiedad intelectual que existe en algunos países, como en el caso de España, que ocupa uno de los primeros lugares en este ranking.
Nuestro gobierno no ha llegado a pasar nunca de la mera retórica a las acciones eficaces. La consecuencia ha sido, inevitablemente, que nuestro país sea visto por los distintos operadores del sector de los contenidos como un mercado con escasa seguridad jurídica y con un gran riesgo para sus inversiones. Una vez más, la huída del talento hacia tierras más prósperas será imparable, lo que resulta dramático en un momento en el que la tendencia de nuestras economías es, precisamente, considerar al conocimiento como el elemento de mayor valor productivo.
