Los problemas técnicos que plantea la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, constantemente reinterpretada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, son de tal intensidad que quizá no sea desacertado señalar que aún la asignatura pendiente de la democracia española resida en su derogación por su ubicuidad a que las veleidades operativas del principio inquisitivo, presente en la instrucción sumarial, evidencien a inquisidores en su laberinto.