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Ante las graves crisis económicas, como la que atravesamos, renacen las tentaciones proteccionistas, cada Estado va a lo suyo (each to their owm) y se lanzan mensajes gubernamentales tendentes a dirigir el consumo interior hacia productos nacionales. Con independencia de los efectos negativos que para la economía tienen estas campañas, como lo acreditan los estudios de los economistas, debe analizarse, desde un punto de vista estrictamente jurídico, su viabilidad. El Derecho comunitario prohíbe este tipo de comportamientos que atentan claramente contra los principios básicos del Mercado Único y tratan de frustrar los fines de la Comunidad. Así lo tiene declarado, desde hace tiempo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Los referidos comportamientos gubernamentales suponen una grave infracción del Derecho comunitario, con independencia de sus efectos reales y de que las medidas o recomendaciones estén desprovistas de fuerza vinculante, pues lo esencial es que traten de influir en el comportamiento de los consumidores. La Comisión Europea ha recordado a España la jurisprudencia comunitaria sobre este asunto.
