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Juan José Pernas García 
La Administración pública española ha desarrollado de modo creciente fórmulas de gestión a través de personificaciones jurídico públicas (organismos autónomos, entes públicos empresariales, agencias estatales) o privadas (sociedades mercantiles, fundaciones), en la búsqueda de mayor flexibilidad y eficacia. La Administración ha utilizado estos entes instrumentales para llevar a cabo los fines públicos que tienen encomendados, mediante la realización de encargos directos, lo que se ha venido denominando como encargos a medios propios o in house. La potestad organizatoria de la Administración y el principio de cooperación justifican y dan sentido a la existencia de estos encargos domésticos. No obstante, esta potestad están sometida a límites, entre ellos los propios que definen y delimitan el contenido de las encomiendas domésticas y los principios y normas de la contratación pública. Estos límites pretenden evitar que esta legítima técnica organizativa sea utilizada de modo abusivo, vulnerando así el Derecho de contratos públicos y ofreciendo una posición de privilegio a las entidades instrumentales frente a las empresas privadas con las que compiten en el mercado.
