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En este trabajo se presta atención a la legalidad de la actuación administrativa de exclusión de un aspirante, que padecía la infección VIH-SIDA, de un proceso selectivo para ingreso en un cuerpo de funcionarios de la Administración General del Estado. La STS de 29 de julio de 2009 entró en ese examen de legalidad sentando una doctrina mesurada y correcta al establecer que la exclusión debió ser adecuadamente motivada con referencia a los cometidos o tareas atribuidos al colectivo funcionarial en el que el candidato aspiraba a ingresar.
