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La importancia que va adquiriendo tanto el Derecho penal de la empresa como el Arbitraje en la resolución de controversias societarias provoca que en ocasiones la parte perjudicada, en vez de ejercer las tradicionales acciones civiles o mercantiles, pueda ejercer directamente acciones penales o bien optar por un procedimiento alternativo como el Arbitraje, y a su vez en otros casos se interpone una denuncia o querella para tratar de suspender un procedimiento arbitral. Sin embargo, resulta ciertamente problemático el poder delimitar los efectos y consecuencias del solapamiento de las distintas figuras delictivas societarias que dependiendo de cómo decida perseguirlas pueden ser consideradas delitos o simplemente un incumplimiento contractual.
