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Análisis del problema que está surgiendo en la práctica de los órganos judiciales a raíz de la entrada en vigor de la denominada «Ley Ómnibus» 25/2009, de 22 de diciembre, que afecta a la L 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales al suprimir la exigencia de la observancia del principio de territorialidad en la actuación de los procuradores, lo que en principio permite que un procurador que no resida en la sede del lugar donde se sigue el juicio pueda personarse y actuar como representante procesal de la parte. El problema surge ante la imposibilidad técnica actual del sistema de notificaciones de cumplir este art. 3 modificado por la Ley Ómnibus y la contradicción con la normativa de la LEC y LOPJ en materia de actos de comunicación.
