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Javier Nistal Martínez
El Tribunal Supremo ha abierto otro proceso contra el juez instructor del llamado «caso Gürtel» por presuntas escuchas ilegales al acordar, de forma genérica e indiscriminada, la intervención de las comunicaciones con los abogados de algunos de los detenidos por este caso que están en prisión, con base legal en el art. 51.2 de la Ley penitenciaria, lo cual puede constituir una clara ilegalidad y un grave atentado al derecho de defensa. El autor de este artículo aporta su punto de vista profesional sobre la interpretación que debe darse a este controvertido precepto legal.
