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Desde prácticamente su despunte como sector económico, el trasporte terrestre por carretera ha estado fuertemente intervenido por el poder público, si bien dicha intervención ha sufrido una evolución en cuanto a las formas e intensidad en su manifestación. El cambiante equilibrio entre Estado y mercado se decanta hoy por este último, por influencia, entre otras circunstancias, del Derecho Comunitario. No obstante algunos importantes servicios incluidos en el campo del trasporte por carretera continúan prestándose al abrigo de la técnica del servicio público. El presente estudio explica la razón de ser de la pervivencia de esta concepción, su alcance, así como su perfecto encaje con las directrices comunitarias, dando cuenta, además, de la reciente normativa dictada al respecto por las Instituciones de la Unión Europea.
