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Teresa Ruano Mochales
El Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo remitido a las Cortes Generales, que tiene por objeto principal la transposición de la Directiva 2005/60/CE, materializa la profunda reforma que va a sufrir esta materia. La nueva regulación pretende evitar de una manera más eficaz, y de forma coordinada con el resto de los países miembros de la Unión Europea y a nivel internacional, el encubrimiento del origen del producto de la actividad criminal organizada y, también, que se destine a fines ilegítimos, como la financiación del terrorismo. Las entidades financieras y el resto de sujetos obligados van a convertirse en protagonistas de esta política de prevención, por lo que es necesario que conozcan de forma pormenorizada el nuevo escenario de obligaciones que se les van a exigir, en el cual el papel de los abogados como sujetos obligados y como asesores va a tener una vital trascendencia.
