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¿Existe fundamento justificado para que el legislador dote a los inmuebles clasificados como «bienes de características especiales» de un trato fiscal distinto del aplicable a los bienes de naturaleza urbana, siendo así que los inmuebles clasificados como tales no agotan, en absoluto, el contenido del concepto que de tales bienes recogía el art. 2.7 L 48/2002 (actual art. 8.1 Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por RDLeg. 1/2004, de 5 de marzo)? ¿Supone ello la infracción del art. 31.1 Constitución?
