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Cristina de Amunátegui Rodríguez
La reforma operada en el Código civil español por la Ley 41/2003 ha dado entrada en nuestro Derecho a los poderes preventivos. A diferencia de lo sucedido en otros ordenamientos no se ha regulado la figura de modo sistemático, lo que plantea una serie de interrogantes en cuanto a su funcionamiento en el futuro. Son muchos los problemas a resolver para una aplicación práctica y eficaz de esta nueva medida de protección. Este trabajo contribuye a solucionar algunas de estas cuestiones, en particular en cuanto a la eficacia de los actos llevados a cabo por el apoderado.
