Tanto en la Administración Pública como en la privada las condiciones objetivas del propio juego político y del funcionamiento administrativo favorecen la corrupción. Por ello, la conciencia y el honor del funcionario público o del administrador determina en muchos casos que se respeten las normas o, por el contrario, facilita que se produzca la corrupción. Para evitar que esto sea así, es necesario establecer normas sencillas que favorezcan la transparencia en los procesos administrativos y en los negocios.