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Norberto Javier de la Mata Barranco 
En el Código Penal español vigente la condición de funcionario público se atiende desde diversas perspectivas. No sólo para configurar tipos específicos de cuya autoría sólo puede ser responsable quien reúna dicha condición. Las cuestiones de la negligencia profesional, de la especial posición de garante de la indemnidad de determinados bienes jurídicos y de la agravación de pena en delitos comunes �por la mayor facilidad comisiva que tal condición puede implicar o por el mayor reproche que cabe hacer cuando el delito se comete por quien está encargado de tutelar el correcto funcionamiento de la Administración o, al menos, de ayudar al mismo y no por un mero particular� son todos ellos aspectos que también el legislador tiene en cuenta. El ser funcionario público implica asimismo en Derecho Penal determinadas particularidades procesales al enjuiciar delitos cometidos por o contra ellos y, por supuesto, la previsión de penas específicas que inhabilitarán o suspenderán el ejercicio del cargo. En todo caso, es sin duda el análisis de aquellos delitos, especiales, que sólo un funcionario público puede cometer, los que permiten una visión de conjunto del modo en que se trata a este y de las cautelas que en el ejercicio de la función pública han de desplegarse por quienes participan del mismo. Todo ello a partir de un concepto, el de funcionario público, definido de modo autónomo por el Derecho Penal.
