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En el presente trabajo se examinan algunas cuestiones planteadas entorno a la potestad normativa de los parlamentos en materia de personal a su servicio. Se afirma, primeramente, que esta potestad es inherente a la autonomía administrativa de las cámaras, de acuerdo con la tradición y el derecho comparado próximo. Una vez recordada la jurisprudencia constitucional que reconoce «valor de ley» a las normas aprobadas en ejercicio de esta potestad, se analizan los límites concretos constitucionales que recaen sobre estas normas: ámbito material, derechos fundamentales, régimen estatutario y necesidad de una fundamentación objetiva para las singularidades que se establezcan respecto del régimen general de la función pública, relativizando esta limitación en el sentido de que debe admitirse la posibilidad de opciones organizativas diferentes. A continuación se hace referencia a la influencia que el modelo general de función pública puede producir, aunque ello no debe ser entendido como límite.
Finalmente, se reflexiona entorno a la extensión de las consideraciones anteriores a los parlamentos autonómicos, sosteniéndose que por la naturaleza de la institución y su posición, le deben ser aplicables en la misma medida que a las Cortes Generales, y por lo mismo, deben gozar de iguales privilegios, es decir, reconocerles «valor de ley» y no sujetarse a las bases estatales en materia de función pública.
