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El presente trabajo pretende analizar el Estatuto del Personal de las Cortes Generales como fuente del derecho. Concebido como instrumento normativo al servicio de la autonomía de las Cámaras, la Constitución le encomienda la regulación del personal a su servicio. Tras ocuparse de la delimitación del ámbito material de esa reserva normativa y establecer el carácter relativo de la misma, el trabajo afirma, de la mano de la jurisprudencia constitucional y de la doctrina, que el Estatuto es una norma con valor y fuerza de ley. Nos encontramos ante una fuente del derecho singular y específica, que se distingue de otros tipos normativos, como las leyes formales y los Reglamentos parlamentarios. Después de constatar que no existen normas jurídicas que disciplinen el procedimiento a seguir para la aprobación del Estatuto, el trabajo plantea una cuestión controvertida, como es la de la aptitud de las Mesas de las Cámaras para proceder a su aprobación. Se estudian, a continuación, los límites constitucionales a la libertad de configuración de la norma que nos ocupa, que debe respetar los derechos fundamentales de los empleados parlamentarios y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El trabajo concluye analizando los cauces procesales para la impugnación del Estatuto del Personal de las Cortes Generales ante el Tribunal Constitucional.
