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La Administración parlamentaria constituye un instrumento fundamental para que el Parlamento y los parlamentarios puedan cumplir con sus funciones constitucionales y ello conlleva un régimen especial de desempeño de la función pública. En el proceso de revisión de las organizaciones parlamentarias y del régimen jurídico del personal a su servicio pueden tenerse en cuenta las novedades del Estatuto Básico del Empleado Público. Así, en su posible aplicación en el ámbito de la función pública parlamentaria, han llamado nuestra atención los instrumentos de la planificación de la gestión de los recursos humanos y de la evaluación del desempeño, que constituyen elementos claves para la modernización del servicio público
