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Jordi Barrat i Esteve 
Los parlamentos deben adaptarse a la sociedad a la que sirven y, en este sentido, las nuevas tecnologías pueden resolver algunos de los problemas que tienen planteados. El voto no presencial, por ejemplo, se convierte en una medida potencialmente muy efectiva para conciliar la responsabilidad pública de los diputados con diversas circunstancias personales. Enfermedades prolongadas o embarazos son dos supuestos claros donde este tipo de voto podría ser muy útil. Las Cortes Valencianas así lo han entendido y, con ocasión del último debate presupuestario, se ha llevado a cabo la primera experiencia de voto no presencial.
El artículo sitúa esta novedad en el debate doctrinal más genérico sobre los retos jurídicos del voto electrónico y se centra concretamente en la verificabilidad pública de los sufragios. Se trata de una interrogante de primera magnitud, ya que estos sistemas niegan a los ciudadanos una capacidad de supervisión electoral que hasta ahora tenían.
El voto electrónico parlamentario tiene algunos rasgos peculiares en relación con el electoral, pero ambos comparten ciertos elementos. Dado que precisamente el problema de la verificabilidad se genera en los dos casos de forma bastante similar, el artículo evalúa varias opciones para resolverlo de forma compatible con los principios democráticos.
