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Este artículo analiza las diferentes estrategias que ponen en juego los profesionales de la intervención social de la Comunidad de Madrid, principalmente de los trabajadores sociales, en relación a la aplicación de una política social concreta, la Renta Mínima de Inserción, con el colectivo de etnia gitana español. Se describen aquellas estrategias más duras o coercitivas y se ponen en relación con la ambigüedad de la definición de la exclusión social tanto en los textos que regulan la prestación como en los discursos profesionales. Para terminar, se realiza un cuestionamiento crítico sobre la falta de herramientas de intervención social fuera de las lógica de la obligatoriedad y de la contraprestación, cuestionándose así cómo la intervención profesional pone en entredicho la idea de derecho a la protección social, y se señala el vacío de metodologías que vayan más allá de las proporcionadas por la institución y por sus instrumentos burocráticos.
