Acceso usuarios
María Teresa Salvador Crespo 
El treinta aniversario de la democratización de los ayuntamientos españoles parece una buena oportunidad para reflexionar sobre el estado actual del gobierno local. Las relaciones entre Estado y Comunidades Autónomas han dominado la configuración del modelo de organización territorial desde 1980, dejando en segundo plano a los municipios y provincias. Aunque los entes locales siguen sin un encaje correcto en el sistema intergubernamental, en estos años se ha producido algún avance para que la autonomía local adquiera un contenido sustantivo y efectivo. Con los nuevos Estatutos aprobados a partir de 2006 -que están ahora en proceso de desarrollo normativo- se abre una nueva dinámica de mayor poder para las Comunidades Autónomas en la regulación del nivel local; lo que diverge de la jurisprudencia hasta ahora moderadamente centralista del Tribunal Constitucional. En este contexto, el gobierno central pretende dar el siguiente paso al anunciar las esperadas reformas de la financiación local �siempre deficiente y ahora golpeada por la crisis económica- y de la ley básica de 1985.
