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El presente trabajo tiene por objeto la falta de legitimación de las Comunidades Autónomas para instar el control de constitucionalidad de normas legales aprobadas por ellas mismas ante el Tribunal Constitucional; y esto, especialmente, en relación a las últimas reformas estatutarias llevadas a cabo, dado el desarrollo que de las fuentes legales suponen éstas en sus respectivos sistemas de fuentes del Derecho autonómico y la profundización sustantiva que de la autonomía conlleva la aparición de los derechos estatutarios.
