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Mercedes Llorente Sánchez-Arjona 
Una de las novedades más importantes de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo ha consistido en la regulación de la figura del denominado �trabajador autónomo económicamente dependiente�, lo que ha supuesto entre otros resultados la ampliación del ámbito competencial de la jurisdicción laboral, al atribuirle la resolución de conflictos que puedan plantearse entre estos trabajadores autónomos y el empresario�cliente. Esto último va a permitir aplicar los principios procesales inspiradores del proceso laboral a un grupo de trabajadores que, debido a su dependencia económica frente al cliente, se encuentra en una manifiesta situación de desigualdad, exigiendo un nivel de protección similar al que disfrutan los trabajadores asalariados; es decir, la gratuidad, brevedad y sencillez procedimental, frente al más lento y costoso proceso civil, que puede suponer un desincentivo importante a la hora de acceder a la tutela judicial, sobre todo, si tenemos en cuenta que, en múltiples ocasiones, la cuantía de los intereses económicos puede no compensar la complejidad de este tipo de proceso. Además, la jurisdicción social es la única verdaderamente cualificada para delimitar la naturaleza de la relación existente entre las partes, evitando el problema de los llamados �falsos autónomos�. Con todo, la mayor parte de las críticas a esta atribución se centran en la no correspondencia del ordenamiento procesal con el derecho sustantivo, ya que no se puede olvidar que la jurisdicción social habrá de enfrentarse a la resolución de unas cuestiones que revestirán índole civil, mercantil e, incluso, administrativa. Sin embargo, no hay que olvidar tampoco que la jurisdicción social conoce y ha conocido de conflictos en los que se ha visto obligada a aplicar leyes no laborales.
