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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge la obligación por parte de empresas y Administraciones Públicas de analizar y evaluar los riesgos laborales que se puedan producir en una actividad, y establecer las medidas correctoras correspondientes. Los accidentes en el centro de trabajo y las inspecciones administrativas han descubierto en numerosas ocasiones incumplimientos flagrantes de esta normativa. Unas carencias que han llevado a los tribunales de justicia de las comunidades autónomas e, incluso, al Tribunal Supremo, a dictar sentencias, tanto condenatorias como exculpatorias, contra los diversos agentes responsables de preservar la seguridad en el trabajo.
