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Guadalupe Muñoz Alvarez
El principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, se concibió como una garantía procesal aplicable exclusivamente en el ámbito penal pero con posterioridad tanto Jueces y Tribunales como la doctrina han considerado que debe presidir todo acto en el que se adopte cualquier resolución sobre la conducta de las personas que lleve consigo una trasgresión del ordenamiento. En este trabajo se hace una análisis de la aplicación de dicho principio en todas las jurisdicciones incluyendo la Jurisdicción del Tribunal de Cuentas, la jurisdicción Laboral y en los actos de poder sancionador.«La erradicación de la tortura es el ideal de todo ordenamiento jurídico. En el mundo actual es necesario que desaparezca tan terrible práctica. Más de cuarenta países firmaron en 1984 una Declaración contra la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes aunque lo cierto es que sigue practicándose incluso en países muy desarrollados y hay que clamar contra esa iniquidad».
