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Han transcurrido más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, y aún no ha tenido lugar ningún supuesto de aplicación del nuevo sistema. Ello se explica tanto por la necesidad o conveniencia de desarrollos normativos y técnicos complejos como por el carácter innovador del sistema, de muy difícil articulación con los regímenes de responsabilidad preexistentes. Se plantean además dudas importantes que serán fuente de conflictos, como la dificultad de precisar el concepto de «operador» responsable de los daños a efectos de la aplicación del régimen de responsabilidad de la Ley.
