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El presente documento tiene por objeto analizar el proceso legislativo y el rol que cumple en éste la acción de los grupos de interés desde la perspectiva del análisis económico del derecho público. Para los autores es discutible que el único enfoque a la hora de abordar la acción de estos grupos sea la regulación especial, de las cuales la regulación del financiamiento de la política y del lobby son buenos ejemplos. En cambio, proponen mirar el diseño constitucional y el del proceso legislativo chileno, en particular las cortapisas que nuestra institucionalidad ha establecido para hacer más difícil el proceso de captura a los parlamentarios y más costoso conseguir aquellos acuerdos de mero beneficio especial o privado, o en donde no se considere el interés público o no se busque la provisión de bienes públicos. Así, se propone una teoría económica de la Constitución, que busca explicar la racionalidad de instituciones y mecanismos como el sistema bicameral, el veto presidencial, la delegación al Ejecutivo y la reserva legal, el respeto a las ideas matrices, la iniciativa exclusiva, la existencia de distintos tipos de quorums, el control jurídico de la constitucionalidad de las leyes por parte del Tribunal Constitucional, entre otros.
The paper develops an economic theory of the Chilean Constitution and the legislative process, and the role that play interest groups in the later. For the authors is not clear that the only approach when analyzing interest group politics consists, inevitably, in establishing statutory regulations, like campaign finance laws and lobbying regulation. To the contrary, this paper suggests that the Chilean Constitution and the design of the legislative process should be considered more seriously. Different constitutional principles, institutions and mechanisms are established in the Chilean constitutional design that raises the costs of capturing the State and Congress. Thus, the authors propose an economic theory of the Chilean constitution and analyze different topics such as the bicameral system, executive veto, delegation of legislative powers to the Executive and the legal reserve clause, the respect for the matrix ideas of a legislative proposal, quorums, judicial review of legislation by the Constitutional Court, among others.
