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Carolina Martínez Moreno 
El correcto funcionamiento de la Administración de Justicia es, sin la menor duda, un aspecto crucial del funcionamiento de un Estado democrático de Derecho. De ahí que la reivindicación de mejora de las condiciones en que el personal a su servicio realiza su labor interese no sólo al colectivo directamente afectado, sino a toda la ciudadanía. Despejar la incógnita de si los jueces y magistrados también pueden recurrir a un instrumento de presión para el logro de esos objetivos como es la huelga constituye, por ello, una trascendental e interesante cuestión, no sólo desde el punto de vista dogmático, sino también jurídico general, sociológico y cívico.
