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Susana Barcelón Cobedo
El presente artículo tiene como objetivo analizar los cambios que han sido introducidos al artículo 222 de la LGSS, tras la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ley de Acompañamiento); artículo que, como se sabe, es el que regula las posibles conexiones entre las prestaciones de incapacidad temporal y desempleo. La importancia de estudiar dichos cambios se explica, por un lado, por el alcance que los mismos han representado respecto de un tipo de situaciones, en general, ausentes de una regulación en la práctica totalidad de prestaciones que forman parte del Sistema, con la salvedad, precisamente del citado Artículo 222 de la LGSS. Y por otro, por el hecho de que tales modificaciones se enmarcan dentro de una línea de reformas que vienen operando en el ámbito concreto de la Seguridad Social y que provocan, según en qué casos, normativas reductoras de la protección olvidando así, el verdadero papel o función social que estas regulaciones cumplen.
En el caso del precepto que ahora es objeto de comentario estas consecuencias reductoras se han dejado sentir. En efecto, el tratamiento que actualmente reciben las peculiares conexiones que tienen lugar entre las prestaciones de desempleo e incapacidad temporal no sólo se ha visto afectado en cuanto a la cuantía de la prestación de incapacidad temporal, que ha pasado a ser la correspondiente a desempleo; sino que, se puede decir que, desde el momento en el que el sujeto incapacitado pierde su empleo, es decir, ve extinguida su relación laboral, pasa a ser tratado desde la lógica que es propia de la prestación de desempleo y no, como habría de corresponderle, de la de incapacidad temporal. Así pues, el resultado final es una regulación restrictiva y llena de imprecisiones que plantea no pocos problemas de aplicación práctica.
