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Sebastián Soto Velasco
El presente trabajo analiza las relaciones entre el Congreso Nacional y el Poder Judicial a través de dos instituciones existentes en nuestro ordenamiento: el proceso de nombramiento de Ministros de la Corte Suprema y los informes que esta última envía al Congreso Nacional en ciertos proyectos de ley. En el caso de las nominaciones de Ministros a la Corte Suprema se estudia como ha operado el sistema desde la incorporación del Senado en 1997 hasta el año 2005. Se analiza cómo la transparencia del proceso, la posibilidad de conocer la historia profesional del nominado y audiencias abiertas contribuirían a incentivar una decisión centrada en criterios de calidad. El documento también se centra en el contenido y la influencia de los informes que envía la Corte Suprema al Congreso Nacional con ocasión de la tramitación de proyectos de ley que contienen normas que modifican la organización o atribuciones de los tribunales de justicia. En esta instancia, permitir el acceso a los informes también tendría positivas consecuencias. En definitiva, aunque hay otras vías de comunicación entre el Congreso y el Poder Judicial, se profundiza únicamente en las mencionadas pues del estudio se concluye que ambas tenderían a aumentar el potencial que de suyo ya tienen si se incorpora apertura en los procesos
This paper analyzes the relationship between the Chilean Congress and Judicial power, focusing on two institutions: the nomination process to appoint Supreme Court justices and the reports that the Supreme Court is constitutionally obligated to send to the Congress when specific types of bills are introduced. The appointment of Supreme Court candidates is studied from the Senate's incorporation in the process from 1997 until 2005. The author states that a more transparent process, including the publication of the candidate's backgrounds and public hearings, would increase the incentives to nominate the most qualified candidates. The paper also analyzes the reports that the Supreme Court sends to the Congress when bills modifying the organization and functions of the courts are introduced (Article 77 of the Chilean Constitution). In this case, as well as the other, facilitating access to these reports would have positive consequences for the legislative process. In sum, although there are other means of communication between both branches, the paper focuses on these two institutions because it concludes that their value and influence would increase by making them more accountable and transparent
