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El continuo desconocimiento de la exculpante del estado de necesidad en los delitos de tráfico de estupefacientes ignora una realidad social de los autores de la conducta, el sustento de los fallos se enfrenta a la dogmática penal y se constituye en una causal de justificación inexistente en la práctica. En la mayoría de casos, la confrontación de bienes jurídicos en pugna no es cierta porque, para la autora, el bien vida es superior al de la salud pública, más aún cuando el primero está afectado de manera cierta y el segundo solo se enfrenta a una amenaza potencial.
