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Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 
El número de trabajadores pobres ha aumentado debido al notable incremento de las desigualdades de ingresos, a la diversificación y polarización del mercado laboral y al aumento del desempleo. Su existencia demuestra que todos los empleos no ofrecen una protección segura contra la pobreza y que la salida de la situación de pobreza del trabajador ha de integrarse en un proceso de reconocimiento pleno de derechos también con medidas extrañas o ajenas al sector jurídico del trabajo y de la protección social, pero también con medidas laborales y sociales. Los efectos disfuncionales de algunas normas del Derecho del Trabajo, especialmente los trabajos atípicos, han contribuido decisivamente al desarrollo del fenómeno de la pobreza laboriosa, pero también las normas del Derecho del Trabajo deben jugar un papel efectivo para prevenir o neutralizar el empobrecimiento de las personas que trabajan. Entre esas medidas, algunas se refieren a la aplicación efectiva de la normativa laboral y a la delimitación de su ámbito, a la fijación de salarios mínimos y a la previsión de ayudas sociales en el trabajo, a la lucha contra las discriminaciones y a asegurar a los trabajadores pobres el acceso efectivo a los derechos de los demás trabajadores, con medidas complementarias, en su caso, de acción positiva.
