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María García Añón
En diciembre de 1997 se llegó a un acuerdo sobre el Protocolo de Kioto que ponía las bases de los mecanismos que van a utilizar los países industrializados para reducir emisiones contaminantes de los gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de la actividad humana, que provocan el calentamiento atmosférico, repercutiendo en el clima del planeta y que, igualmente, se formuló en la Reunión de la Unión Europea en Bonn y en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre el Cambio del Clima (COP7) de Marrakech, en septiembre y en octubre de 2001, respectivamente. Tras numerosas y difíciles discusiones, el 4 de marzo de 2002 los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo que permite la ratificación del Protocolo de Kioto. Asimismo, esta materia fue uno de los principales problemas abordados en la Cumbre de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en Johannesburgo entre los meses de agosto y septiembre de 2002. La mencionada reducción supone el compromiso de los países industrializados de bajar sus emisiones de GEI para disminuir la media mundial, y los mecanismos que es necesario aplicar para conseguir este objetivo fueron: la aplicación conjunta, que prevé inversiones en proyectos en el extranjero capaces de generar créditos de emisiones; el mecanismo para un desarrollo no contaminante, utilizando tecnologías más limpias; el fondo de conformidad, de acuerdo con el cual aquellos países que sobrepasen los niveles máximos permitidos de emisión de los gases mencionados serán penalizados con el pago de una cantidad por tonelada de GEI y castigados con la reducción de actividad en el siguiente período; y el intercambio de emisiones. Este trabajo se fija en este último, a modo de ejemplo de los instrumentos económicos en materia de política de medio ambiente.
