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El proceso penal debe responder a los ordenamientos constitucionales y el sistema debe estar acorde con estos preceptos. Con esta premisa el autor estudia la necesidad de adecuar el sistema acusatorio en Colombia a los principios constitucionales vigentes. Igualmente, plantea cómo la oratoria no será lo fundamental dentro de las investigaciones y el por qué la dogmática perderá mucha de su fuerza. En consecuencia, ya no serán importantes los discursos, sino el manejo técnico de la evidencia.
