El artículo aborda el cambio que se producirá en un futuro muy próximo respecto a la formación inicial necesaria para acceder a la abogacía como consecuencia, por un lado, de la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de abogado y procurador, aún pendiente de desarrollo reglamentario, y por otro, de la adaptación de los postgrados universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior (el conocido como «proceso de Bolonia»).