En el año 2000, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió la primera denuncia relacionada con videocámaras conectadas a Internet: una empleada de un periódico destapó que se habían instalado webcams que difundían imágenes en tiempo real de la redacción como estrategia para tener una mayor cercanía con los lectores. La Agencia sancionó al medio por transmitir esas imágenes sin acreditar el correspondiente consentimiento informado de los trabajadores. Casi 10 años después, hay 7 procedimientos abiertos a empresas y particulares por captar imágenes de personas identificables y emitir sin trabas para cualquier usuario con acceso a Internet.