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Xavier Boltaina Bosch 
El presente trabajo tiene por objeto exponer y analizar la abundante doctrina judicial existente sobre las irregularidades de la contratación laboral en el seno de las Administraciones Públicas y su incardinación con la nueva redacción dada al art. 52 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores tras la reforma de julio de 2001.
Irregularidades que, a modo de sanción, han dado lugar a la singular y no poco conflictiva figura del trabajador indefinido no fijo. Es decir, un trabajador que no se integra plenamente en la plantilla, en cuantos garantías de estabilidad se refiere, al no ser seleccionado a través de un proceso informado por las notas constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y publicidad. Reconocida en esos términos la relación laboral, sin duda, es la solución al problema del contenido concreto de derechos y deberes de las partes la que mayor integración necesita. En particular, el modo y las consecuencias de una decisión extintiva, si procede una compensación económica a favor del trabajador en todo caso o si han de seguirse las reglas del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a la identificación de una causa y un procedimiento.
Cuestiones de interés todas a las que ahora se une, tema principal del estudio, la nueva letra e) del art. 52 del ET, que emerge como nueva causa de extinción de los contratos de trabajo y que no se presenta exenta de dudas jurídicas y de dificultades en su aplicación. Significa, en todo caso, un paso más en esa tímida corriente iniciada ya hace algún tiempo que pretende dar un tratamiento singularizado, en las normas laborales, al contrato de trabajo en la Administración Pública y que permite, una vez más, plantear si este contrato debe formar parte de las relaciones laborales de carácter especial, criterio que compartimos.
