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Rafael Pablo Rojo Álvarez de Manzaneda 
La extensión y la complejidad de la normativa reguladora de las Cajas de Ahorros viene determinada por el hecho de que la normativa estatal y comunitaria reguladora de estas entidades, convive con la que cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas que componen nuestro Estado han dedicado a estas entidades de crédito en virtud a su competencia exclusiva sobre las mismas.
La normativa autonómica impone no sólo un estudio transversal y comparativo de aquellas cuestiones materiales de mayor relevancia en consideración bien a la especial naturaleza de estos sujetos (como son las materias relativas al concepto de Caja de Ahorros, su fusión y la emisión de cuotas participativas), bien al controvertido reparto de competencias que sobre estas entidades ostentan tanto el Estado como las Comunidades Autónomas (cuestión particularmente discutida en aspectos tales como la regulación de las sucursales y los órganos rectores de las Cajas de ahorros) 1, sino también un esfuerzo de sistematización y clarificación de las distintas disposiciones autonómicas que han acometido total o parcialmente su regulación. A esta última finalidad dedicaremos las siguientes líneas.
