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Alejandro Rosillo Fairén
El ambicioso «proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial» va a suponer un fortísimo cambio en la legislación rituaria, probablemente el de mayor calado desde la aprobación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Está previsto que el límite máximo del proceso monitorio ascienda hasta los 150.000 euros, lo cual conlleva una considerable �y justa� mejora en la defensa de los intereses del acreedor.
