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Cuando se manifiestan, la disposición a pagar (DAP) es considerablemente menor que la disposición a aceptar (DAA), como explican los economistas. Estudios sociológicos en España revelan que el ciudadano otorga al medio ambiente un valor elevado (alta DAA), pero no está dispuesto a pagar por conservarlo (baja DAP) porque entiende que esa es una responsabilidad de las industrias y el gobierno. Esta atribución de responsabilidad es una nueva causa, antes no explorada, que puede redundar en que el uso de la DAP conduzca a la infravaloración de los bienes medioambientales. La diferencia entre DAP y DAA dificulta el análisis coste-beneficio, creando el riesgo de que los juicios políticos en materia medioambiental sean reemplazados por "ruido" pseudocientífico, en lugar de por un análisis económico objetivo. Por ello, es conveniente en ocasiones usar métodos alternativos al análisis coste-beneficio: el análisis coste-efectividad, el análisis de relación de sustitución, la valoración de impacto económico, y el análisis riesgo-beneficio
