Las partes en un contrato de trabajo internacional pueden decidir, durante la vigencia del mismo, someterlo a la ley de otro Estado o trasladar al trabajador para que cumpla su obligación en otro país. El tribunal que debe resolver un litigio al respecto lo primero que ha de hacer es determinar cuál es la legislación nacional aplicable. El Convenio de Roma de 1980 es una norma indispensable para apreciar la validez de la ley escogida por las partes y los efectos del traslado sobre el régimen jurídico del contrato de trabajo, habida cuenta de los intereses respectivos en juego.