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El despido por causas económicas, que revela diáfanamente el conflicto entre las razones económicas y las sociales, es fundamental en el debate sobre la estabilidad profesional del trabajador, porque expone a muchas personas al peligro de caer en un desempleo prolongado y, después, en la exclusión social. En el artículo, que compara el estado del problema en cuatro países europeos, se demuestra que dichos riesgos pueden aminorarse arbitrando disposiciones legales y promoviendo actuaciones coherentes de los organismos públicos y de las empresas. Las autoras especifican las responsabilidades de los distintos agentes que participan en los despidos colectivos y destacan que es necesario adoptar planes preventivos en las empresas y medidas de ayuda para que los despedidos sean readiestrados y encuentren otro puesto de trabajo
