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Fernando Gómez Pomar 
Las legislaciones sobre protección de los consumidores y sobre defensa de la competencia constituyen dos de las áreas más importantes del Derecho y tienen, además, un gran impacto regulatorio en el funcionamiento de los mercados. Su coherencia en términos de objetivos y de aproximación en la regulación de los mercados parece, a simple vista, muy importante: ambas comparten, como finalidad más relevante y principio organizador, procurar el beneficio de los consumidores. Sin embargo, cuando se analizan en detalle las cuestiones económicas subyacentes, surgen importantes diferencias. El poder de monopolio es el problema principal del Derecho de la competencia, y la legislación comunitaria no es una excepción. En cambio, la legislación de consumidores no está -y no debería estar- asociada al poder de mercado en sí mismo, ni siquiera entendiéndose éste como un desequilibrio en el poder económico o de negociación entre productor y consumidor. La razón fundamental que justifica, en términos económicos, la legislación sobre protección del consumidor, ya sea nacional o europea, es la existencia de información imperfecta en los mercados de consumo. Así, son estas carencias de información las que explican el conjunto y tipo de instrumentos y aproximaciones más frecuentes en la legislación de consumidores en Europa. Sin embargo, la divergencia mencionada de los fundamentos económicos de ambas legislaciones no es incompatible con la idea de que, en ciertas circunstancias, la consideración conjunta de la promoción de la competencia y de la protección del consumidor resulte necesaria, aunque no se deba olvidar nunca la finalidad principal de cada una de estas ramas del Derecho.
