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Katia Castaldo, Flor María Ávila Hernández
Para una comunicación eficaz y para que el derecho pueda ser mejor comprendido y actuado correctamente, es esencial que la ley y cualquier fuente normativa estén bien escritas. Se necesitan buenas reglas, donde se conozca el impacto sobre los ciudadanos y las empresas. Escribir el derecho, en efecto, significa dar lugar a un verdadero procedimiento de aprendizaje legislativo en el cual la comunicación jurídica se aclare y se especifique como capacidad de dar vida a un cortocircuito en el cual los medios y los fines de la acción pública sean relacionados entre si de manera razonable y culturalmente aceptable. Los principales instrumentos utilizados por los diversos gobiernos europeos para poder proyectar normas de buena cualidad son: el análisis de impacto de la regulación (AIR), consultación, típicamente si no exclusivamente en el contexto de la AIR, simplificación, frecuentemente sostenida por una análisis de impacto, acceso a la regulación y valoración expost de los institutos reguladores y de los instrumentos específicos. (VIR o AIR ex post). La atención hacia una mejor calidad de la legislación ha asumido desde tiempos dimensiones globales: lejos de quedar confinada al interior de los sistemas de regulación nacional, tiene esa, la motivación de iniciativas específicas de organizaciones internacionales cuales la OCSE, el FMI, el WTO, dentro del debate político, institucional internacional y comunitario. En ámbito europeo, la primera etapa de tal repensamiento crítico en torno al law-making comunitario ha sido la ratificación del Tratado di Maastricht y, en particular, el Consejo Europeo de Edimburgo del 1992. En el 2002, después de un proceso de experiencias en materia de valoración de impacto, la UE se ha dotado, en el ámbito del programa de acción sobre el mejoramiento de la regulación, de un procedimiento de valoración de impacto para todas las principales iniciativas legislativas. La introducción de un tal procedimiento ha signado, en ámbito europeo, un importante cambio cultural al interno de la Comisión, formando parte integrante de la praxis de trabajo y del proceso decisional de esta institución, en grado de modificar el modo de elaborar las políticas, y sobre todo, de mejorar la elaboración de la normativa comunitaria.
