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Susana Fernández Herrero
La aprobación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio, en junio de 2008, tiene diferentes interpretaciones: la de los países de la Unión Europea para los que la Directiva supone un acercamiento político en materia migratoria, y la de los países del Sur, concretamente los de América Latina, que consideran que su aplicación vulnera los principios adoptados en acuerdos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos , Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, los Convenios 97 y 143 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de Lima , entre otros.
El rechazo a la directiva desde el Sur ha sido unánime por considerar que supone una criminalización del migrante y una violación de sus derechos humanos fundamentales, sobre todo en el caso de los grupos más vulnerables: mujeres y niños.
Este artículo lleva a cabo una selección de algunos de los textos de rechazo procedentes de organismos, instituciones y presidentes de gobierno latinoamericanos, facilitando el contenido íntegro de algunos de ellos y las referencias y enlaces a otros tantos.
