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Lucas Sierra
En este trabajo se examina críticamente la reforma del diseño institucional del medio ambiente que ha iniciado el Gobierno. El análisis distingue entre las tres dimensiones en que suele dividirse la regulación ambiental: definición de política y normas ambientales, gestión y fiscalización.
Si bien la regulación ambiental chilena ha operado básicamente bien desde que fue establecida en 1994, en este trabajo se sostiene que requiere mejoras en las tres dimensiones recién mencionadas.
Para la definición de política y normas ambientales, el proyecto sugiere la creación de un Ministerio del Medio Ambiente. Ésta es la peor parte de la iniciativa, pues elimina el escenario multilateral que posibilita el equilibrio de objetivos e intereses necesario en la definición de la política y las normas ambientales. Para la gestión ambiental, en especial respecto del mecanismo de evaluación de impacto ambiental, el proyecto propone un servicio sujeto al Sistema de Alta Dirección Pública. Parece una buena idea, aunque, como está formulada, arriesga centralizar y dificultar la toma de decisiones. Para la fiscalización, en fin, propone una Superintendencia. Aunque es un paso en la dirección correcta, no está suficientemente dado.
A la luz de esta crítica, el trabajo concluye con una propuesta alternativa de diseño institucional que, en línea con buena parte de las evaluaciones chilenas y extranjeras disponibles, permita aprovechar bien la oportunidad de mejora que se ha abierto con la presentación del proyecto de ley. Esta propuesta se basa en una premisa básica de economía institucional: en un escenario abigarrado y superpuesto como el que hoy tenemos en materias ambientales, cualquier competencia que se cree debe reemplazar a una existente.
