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, Diego Gómez Díaz
Tal y como nos tenía acostumbrados el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el sistema de financiación para las Comunidades Autónomas de régimen común con vigencia desde el uno de enero de 2002 parece haber relegado el debate acerca de la imposición propia y su insuficiente papel dentro del conjunto de ingresos de las haciendas descentralizadas.
Nuestra aportación pretende rescatar la más fructífera de las vías impositivas abierta por las Autonomías, el medio ambiente, estudiando las posibilidades de desarrollo e instrumentación de nuevas figuras y especificando las cotas de relevancia que debiera alcanzar en aras de obtener unos niveles de autonomía y corresponsabilidad verdaderamente relevantes. En este sentido, los gobiernos autonómicos han enmascarado bajo una supuesta finalidad ecológica tributos cuyo único propósito ha sido allegar recursos a sus deficitarias haciendas.
A su vez, no podemos obviar la que, en la práctica, se ha convertido en nueva y severa limitación al ejercicio autonómico de sus capacidades tributarias: la compulsiva intervención gubernamental, materializada en la progresiva impugnación de cuantas figuras planteen adoptar las regiones.
