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Los jueces forman parte del núcleo central de la democracia; tienen que ser autónomos e independientes para que el Estado merezca tal nombre y para que funcione. Peor no ocurre. Educación y justicia forman parte de la lista cortísima de problemas sin resolver en la democracia española. Y en ese trance los jueces españoles, pocos, mal pagados y peor dotados de recursos, se ha metido en una aventura reivindicativa incierta e impropia que, probablemente, va a contribuir a engordar el problema y no a resolverlo.
