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El Derecho Administrativo Sancionador se vigoriza tremendamente, y lo hace desde el parámetro de una parquedad legislativa, asentada en una Ley 23/1992, que ha quedado convertida en un cuerpo difuminado, porque una vez más, la realidad escapa al orden jurídico y la ausencia de vigilantes titulados, fuerza a las empresas a emplear auxiliares de seguridad para funciones de vigilancia, con independencia de que constituya una ilegalidad manifiesta.
