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En esta ocasión examinamos una materia de la mayor importancia en la práctica cotidiana de las administraciones públicas, pues teniendo en cuenta el ámbito de competencias administrativas que regula nuestra Constitución diseñado en varios escalones de administración: Administración General del estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, sin olvidar otros entes que forman parte del sector público en sentido amplio, se ha constatado en numerosas ocasiones, principalmente entre la administración periférica estatal y otras administraciones públicas el solapamiento de medios personales y materiales a la hora de gestionar y administrar diversos ámbito de actividad pública; por otra parte y dado nuestro sistema de reparto competencial, no parece muy adecuada la tendencia a crear espacios adicionales de administración estatal cada vez que surge una cuestión en que se plantea la necesidad de una coordinación y armonización de una actividad administrativa en todo el ámbito nacional pues ello puede implicar la vulneración de competencias exclusivas o el incremento injustificado del gasto público sobre todo en épocas en que la coyuntura económica no lo permite. Es ahí donde debiera fijarse la vista en diversos instrumentos de colaboración administrativa que diseña nuestro sistema de derecho público que pueden servir para la mejora en la eficacia y eficiencia de las administraciones públicas.
Entre estos instrumentos a que se hace referencia, destacan los convenios de colaboración cuya figura y operatividad en nuestro Derecho público examinamos en esta sección de práctica profesional en las Administraciones Públicas.
